Santiago de Compostela, 17 de septiembre de 2026. El decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graíño Ordóñez, entregó ayer al conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo Pouso, y al director general de Justicia, José Tronchoni Albert, una propuesta de reforma y actualización parcial de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia (LDCG).

La propuesta, redactada por la Comisión de Derecho Civil del Colegio Notarial de Galicia a petición del Gobierno autonómico, culmina cinco años de trabajo individual de los ponentes asignados a cada parte del texto y alrededor de 60 sesiones conjuntas de intenso debate jurídico entre todos sus integrantes. 

El decano explicó que el documento, articulado en más de 200 preceptos, responde a la necesidad de “implementar mejoras técnicas detectadas en la práctica diaria” notarial, impulsar el desarrollo normativo autóctono y ofrecer respuestas jurídicas adaptadas a las realidades socioeconómicas actuales.

Por su parte, Diego Calvo señaló que la propuesta de reforma obedece a la necesidad de adaptar una normativa del año 2006, y que fue revisada por última vez en 2017, a las nuevas necesidades sociológicas y tecnológicas y al derecho internacional, y de prestar especial atención a la protección de las personas con discapacidad, edad avanzada o en situación de soledad no deseada.

Entre los cambios propuestos figura el del refuerzo del contrato de vitalicio, para que las personas que entregan parte de su patrimonio a cambio de recibir alimentos, asistencia y cuidados durante toda su vida tengan la seguridad de que ese compromiso se va a cumplir.

Se busca también que estas relaciones estén mejor cuantificadas y definidas desde el principio, además de reforzar las posibilidades de reacción ante un incumplimiento permitiendo la resolución del contrato.

Por otra parte, se quiere reforzar la seguridad jurídica de las parejas de hecho, con la incorporación de un nuevo título en la norma dedicado de manera específica a esta realidad familiar, ya consolidada.

Entre las modificaciones figura que los miembros de la pareja puedan pactar sus relaciones económicas, el reconocimiento expreso del trabajo en el hogar y, en caso de fallecimiento, el reconocimiento de los mismos derechos que la ley atribuye a los cónyuges viudos.

Derecho sucesorio

Los principales cambios propuestos se centran en el derecho de sucesiones. En este campo se mantienen instrumentos fundamentales como el testamento, los pactos sucesorios y la propia ley, reforzando la capacidad de las personas para organizar en vida cómo quieren que se distribuya su patrimonio y asentando la autonomía de la voluntad en el proceso sucesorio.

Se adapta también la ley gallega a la normativa de apoyo a las personas con discapacidad y al derecho europeo.

Como novedad, se incorpora una regulación específica del patrimonio digital, como páginas web, cuentas en línea, perfiles en redes sociales o activos financieros virtuales.

La propuesta define qué debe entenderse por patrimonio digital y establece reglas sobre su titularidad y gestión después del fallecimiento: cómo actuar ante los prestadores de los servicios, determinar el acceso total a los contenidos, decidir acerca del mantenimiento, modificación o eliminación de los perfiles personales en redes sociales o servicios equivalentes.

Además, permite que una persona pueda decidir mediante testamento quien será titular de esos bienes digitales y quien se encargará de gestionarlos, incluyendo la posibilidad de nombrar albaceas digitales.

Entre las novedades destaca también la limitación de la responsabilidad de los herederos a los bienes de la herencia, de manera que se compatibiliza la suficiente protección de los acreedores con la de las personas herederas, y la posibilidad de renuncia de la legítima en vida.

Identidad y realidad social

José María Graíño subrayó que la actualización que se propone “supondrá una ayuda óptima y eficaz para una adecuada planificación sucesoria y permitirá evitar conflictos futuros”, y añadió que el Derecho Civil de Galicia “representa una manifestación contemporánea de la capacidad de la sociedad gallega para ordenar jurídicamente su propia identidad y realidad social”.

Por su parte, el conselleiro incidió en que la propuesta de actualización tiene como objetivos primordiales que el Derecho Civil gallego siga siendo capaz de proteger la mayores y personas con discapacidad, que dé seguridad jurídica a las nuevas formas de convivencia, permita organizar mejor la transmisión del patrimonio familiar y tenga en cuenta la realidad digital. 

La Comisión de Derecho Civil del Colegio Notarial de Galicia estuvo integrada, además de por José María Graíño, por las notarias Carmen Alicia Calaza, de A Estrada; María Inmaculada Espiñeira, de Santiago de Compostela; y María Isabel Louro, de Ourense; por los notarios José Luis Espinosa, de Vigo; Francisco Mariño, de Cervo-Burela; Francisco Ordóñez, de A Coruña; y Víctor José Peón, también de A Coruña;  y por el catedrático de Dereito Civil Miguel Ángel Pérez.