Santiago de Compostela, 19 de junio de 2026. Juristas, colectivos de atención a la discapacidad y afectados acudieron ayer y hoy al Parlamento de Galicia a las jornadas Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, en las que debatieron sobre las bondades y carencias de la Ley 8/21, que pretende garantizar que las personas con discapacidad ejerzan su plena capacidad jurídica, y que este año cumple cinco años.

Al inicio de las jornadas, organizadas por el legislativo autonómico, la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Galicia, e inauguradas por el titular de la Cámara gallega, Miguel Ángel Santalices, el decano José María Graíño destacó que la Ley 8/21 es un punto de inflexión, por cuanto facilita que las personas con discapacidad, mediante los apoyos necesarios, ejerzan su capacidad jurídica en igualdad y alcancen así su plena integración social.

Se trata de un “cambio de paradigma” que supera el enfoque médico y la incapacitación tradicionales, y avanza hacia un modelo social basado en la autonomía de la voluntad y en la toma de decisiones.

A este respeto, afirmó que la creación, en 2024, del Foro de Discapacidad de Galicia, que reúne a representantes jurídicos, administrativos y del tercero sector, pretende una visión “colaborativa y multidisciplinar” que permita articular en toda la comunidad “una red de apoyos a las personas que los precisen”.

El vicepresidente del Consejo General del Notariado, Jorge Prades, en representación de la presidenta de la institución, Concepción Pilar Barrio del Olmo, afirmó que "la ley es un reto para la profesión notarial ", que considera "imprescindible aplicar esta reforma en defensa de la dignidad de las personas".

Por su parte, la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, destacó que "un Estado de derecho se configura como tal cuando puede garantizar que las personas viven con igualdad y dignidad". En el acto inaugural participó también el magistrado delegado de discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en Galicia, Germán Serrano.

Críticas a los ingresos involuntarios

En la conferencia inaugural, Gonzalo A. López Ebri, patrono de la Fundación Aequitas, coordinador de los foros autonómicos de discapacidad y de larga trayectoria como fiscal en la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional, denunció la histórica desprotección jurídica que sufren las personas en lo relativo a los ingresos involuntarios psiquiátricos o residenciales

Criticó con dureza que, desde 1983, la regulación de la privación de libertad de este colectivo dependa de un solo artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin rango de ley Orgánica, y que se les prive de garantías procesales como la asistencia de letrado ante un posible ingreso involuntario, “algo que sería impensable en el ámbito penal”, puso como comparación.

Arremetió también contra el “desamparo patrimonial en el ingreso residencial”, ya que el control judicial se limita a autorizar o no el ingreso, pero desatiende por completo el patrimonio del afectado (vivienda, cuentas y bienes domésticos). Añadió que, al no realizarse un inventario, se genera un vacío legal que propicia situaciones de expolio por parte de terceros.

Medidas de apoyo y guarda de hecho

En esta primera jornada participaron también representantes de entidades como Feafes, Aspace y Sálvora y personas con discapacidad acogidas a medidas voluntarias de apoyo que expusieron su experiencia. La notaria subdelegada de Aequitas en Galicia, Lucía Cagigas, recordó que esas medidas facilitan la toma de decisiones de las personas con discapacidad.

El encuentro repasó también la figura de la guarda de hecho, es decir, el apoyo informal y cuidados que prestan familiares o allegados, sin un nombramiento formal o judicial previo, a las personas con discapacidad.

María José Segarra, fiscal de sala coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, se refirió a la falta de concienciación por parte de administraciones públicas y empresas y a su exceso de exigencias de papeleo o formalidades innecesarias. 

Inmaculada Espiñeira, notaria de Santiago, incidió en los aspectos legales que atañen a esta figura informal, como la posibilidad de acreditarla mediante un acta de notoriedad, y agradeció la flexibilidad y creatividad mostrada por los jueces en la interpretación de la Ley 8/21 en sus resoluciones al respecto.

A ellas aludió el delegado de discapacidad del CGPJ, Germán Serrano, quien citó varias sentencias que avalan la figura del guardador para proteger derechos, pensiones y contratos del asistido. Concluyeron que, en el ámbito familiar y judicial, la guardia de hecho gana terreno como herramienta eficaz y protectora en el día a día.

Efectos colaterales negativos

Las jornadas concluyeron hoy, viernes, con un amplio debate sobre los desajustes y carencias que, tras casi cinco años de vigencia, muestra la Ley 8/21.

Los representantes de Fademga Plena Inclusión Galicia, Miguel López, y la asociación Líber, Luis Gonzaga, criticaron la falta de previsión respecto a la realidad heterogénea del colectivo al que se pretende ayudar, especialmente en casos de discapacidad intelectual.

Señalaron también que, aunque la ley demanda que los apoyos a la discapacidad sean de calidad, no establece ayudas económicas para financiar esos servicios profesionales, lo que traslada una carga, a menudo insostenible, a las familias.

Precisamente en relación con ese aspecto, subrayaron graves “efectos colaterales negativos” de la aplicación práctica de la ley en el aspecto económico y que se refieren a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. 

Por una parte, se ha producido una equiparación con la ya desaparecida tutela, y solo se reconoce el grado de discapacidad a quienes están sujetos a una curatela representativa, dejando fuera otras situaciones.

Esta circunstancia provoca que muchas personas que, gracias a la ley, recuperaron su capacidad jurídica o iniciaron procesos de restitución vieron también mermados sus ingresos debido a la nueva configuración del acceso a prestaciones, ayudas y beneficios fiscales.

La directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, intervino en este punto del debate para poner en evidencia ese desajuste entre la legalidad y la realidad: “a ningún jurista le puede caber en la cabeza que una administración prive a alguien de un derecho adquirido”.

El notario de Vigo José Luis Espinosa coincidió con el diagnóstico de los representantes asociativos y, en el plano jurídico, añadió que, después de cinco años, una reforma de este alcance “debería haber comportado una adaptación legislativa más amplia que no se ha realizado”.

La jornada culminó con un debate en el que participaron, además de Castro-Girona, el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, José Luis Seoane Spiegelberg, y el fiscal delegado de Protección de Personas Mayores y con Discapacidad, Santiago Miguel, y que fue moderado por el director adjunto de Aequitas, Francisco González.

Función notarial y seguridad jurídica

La directora de Aequitas subrayó que el notariado asume un rol fundamental para otorgar forma jurídica a la voluntad de la persona, garantizando que el ejercicio de sus derechos sea seguro sin necesidad de recurrir a procesos judiciales.

Los ponentes debatieron sobre aspectos controvertidos, como la necesidad de evitar que los mecanismos de apoyo a las personas que los requieran puedan, en la práctica, acabar limitando la libertad del individuo en lugar de promoverla.

También coincidieron en señalar el riesgo de que se puedan aplicar soluciones legales "estándar" o de "talla única" en vez del “traje a medida” que exige cada persona y cada tipo de discapacidad. Cualquier medida que no esté personalizada “es potencialmente injusta o ineficaz”, afirmaron.

Compromiso parlamentario

En el acto de clausura, el presidente del Parlamento reafirmó el compromiso de la institución con los derechos de las personas con discapacidad. “Como institución que representa la voluntad democrática del pueblo gallego, tenemos la responsabilidad de promover un marco normativo que favorezca la igualdad de oportunidades, pero también tenemos el deber de escuchar", resaltó Miguel Ángel Santalices.