A Coruña, 16 de junio de 2026. Galicia es la comunidad autónoma donde mayor porcentaje de mujeres contratan préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas e inmuebles: un 49,1% que la acerca a la paridad en este tipo de operaciones, por encima de la media española del 48,2%.

Además, la comunidad autónoma registra la segunda mayor proporción de contratación familiar o compartida, puesto que el 54,1% de las hipotecas se firman con dos deudores, y el 2%, con tres, por encima de la media española del 52,2% y 1,6%, respectivamente.

Así se refleja en el Informe elaborado por el Centro de Información Estadística del Notariado sobre la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI), que entró en vigor el 16 de junio de 2019.

Desde esa fecha, las notarías gallegas han consolidado el derecho del consumidor a recibir un asesoramiento imparcial y gratuito a través de las actas de transparencia precontractual, y han formalizado 89.931 préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas e inmuebles, una cifra que representa el 3,6% de las 2.465.371 operaciones registradas en el conjunto de España entre junio de 2019 y 2025.

Muy baja contratación por extranjeros

El perfil de los contratantes se completa con su desglose por nacionalidad. A este respecto, el mercado hipotecario gallego apenas atrae la inversión foránea. La presencia de prestatarios de nacionalidad española alcanza el 95,8%, convirtiendo a Galicia en la segunda autonomía con menor tasa de compradores extranjeros. Estos solo representan un 4,2% del total de operaciones, muy lejos del promedio estatal del 11,8% y solo por encima del 2,9% de la comunidad extremeña.

Actas de transparencia 

“La Ley 5/2019 reconoció en los notarios una figura clave para mantener el equilibrio entre las partes en los contratos de crédito inmobiliario, introduciendo esta reunión previa con el prestatario en la que le explica las condiciones de lo que va a firmar, responde a sus dudas y finalmente levanta un acta de transparencia, lo cual es relevante, especialmente en aquellos casos donde puede existir de inicio una asimetría de información entre entidad financiera y el prestatario”, señala María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

“La intervención notarial no solo verifica el cumplimiento de requisitos legales, sino que introduce una capa de protección que previene efectos indeseados, mitiga riesgos y asegura que el prestatario tenga una oportunidad real de tomar decisiones informadas”, puntualiza.